La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a cinco militares por su presunta participación en el asesinato del delegado de la junta de acción comunal del municipio de Tame, Arauca, a quien posteriormente hicieron pasar como un terrorista caído en combate.

Según el Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido en la vereda de Caño Guayabo, del municipio de Tame, donde los uniformados ingresaron a la residencia del personero, lo sacaron a la fuerza de su casa para luego asesinarlo y presentarlo como un guerrillero de las Farc, caído en combate.

Sin embargo, gracias a los exámenes forenses practicados por Medicina Legal y la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos se pudo demostrar que la víctima nunca hizo uso de una arma de fuego, razón por la cual se pone en duda el informe de levantamiento de cadáver presentado por los militares. La única arma que estaba en cercanía de la víctima era una escopeta de caza, la cual fue hallada lejos del cadáver sin ser disparada.

Adicionalmente, dado que dos de los disparos propinados a la víctima se produjeron por la espalda, es posible inferir "que no se respetaron los principios de proporcionalidad, limitación, distinción e inmunidad de la población civil".

Los militares implicados en el caso son el teniente Edward Forero López, el cabo segundo Jorge Eliécer Castañeda Arias y los soldados profesionales Willinton Solano Delgado, Never Mieles Benavides y Nelson Villamizar, pertenecientes al grupo Especial DELTA de la Brigada Móvil nro.5 del Ejército Nacional.

El Ministerio Público determinará la responsabilidad disciplinaria de los militares en el caso, ante lo que podrían ser destituidos de sus funciones e inhabilitados por varios años.